Madrid, 3 de enero de 2022
Han pasado 117 días desde la aprobación de la mal llamada Ley del “solo sí es sí” y casi 400 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue sin dimitir, pero tampoco el presidente del Gobierno la cesa.
Pedro Sánchez, PSOE y Podemos han perpetrado el mayor ataque a la seguridad de las mujeres de la España democrática. La soberbia de este Ejecutivo no les permitió atender a las advertencias que emitió en su momento el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, las asociaciones profesionales del mundo del Derecho, así como diversos expertos en Derecho Penal. Y lo que es más grave, la ex vicepresidenta Carmen Calvo ha confesado públicamente que desde el primer instante sabían lo que iba a pasar, que fueron informados de las advertencias y que, pese a todo ello, dejaron hacer para no alterar la coalición de Gobierno
Eso sí, para ocultar su error, el Gobierno al completo no dudó en insultar la honorabilidad de los jueces y magistrados de este país, a los que acusó de hacer interpretaciones a la carta o, dicho de otro modo, de estar dictando resoluciones manifiestamente injustas.
Es lamentable que el Gobierno de España no se haya dado la misma prisa para corregir la Ley, como la que se dio para reformar el Código Penal para los delitos de sedición y malversación. El Ejecutivo, con su actitud, demuestra su insensibilidad y su falta de empatía con las víctimas, que están viendo cómo sus agresores salen de las cárceles o lo harán antes de lo previsto. Para este Gobierno es más importante pactar su permanencia que el dolor de las víctimas.
En definitiva, nos vendieron que este gobierno sería el más feminista de la historia, pero los hechos han demostrado que, como todo en Pedro Sánchez, su feminismo es de cartón pluma, de eslogan y pancarta, pero no de realidades.
Por todo ello, desde Nuevas Generaciones del Partido Popular le decimos a Pedro Sánchez que con el dolor de las víctimas no se mercadea y que, la mejor forma de pedir perdón por esta barbaridad legislativa es, además de corregir la Ley de inmediato, cesar a Irene Montero y a Ángela Rodríguez Pam. Porque las víctimas no merecen ni un minuto más un Gobierno que no les proteja.